El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 y ordenó expedir un nuevo decreto con un incremento transitorio técnicamente sustentado. Mientras se publica el nuevo acto administrativo, el salario mínimo vigente continúa aplicándose.
¿Qué puede pasar ahora? Existen tres escenarios posibles: que el nuevo decreto mantenga un incremento similar, que lo ajuste moderadamente o que lo reduzca en mayor proporción. En términos prácticos, el escenario más razonable parece ser un ajuste técnico o una reducción moderada, más que un cambio drástico.
Para los empresarios, el impacto no se limita a la nómina. El salario mínimo incide en aportes a seguridad social, provisiones, tarifas de servicios, contratos indexados y en la estructura salarial interna. Incluso variaciones pequeñas pueden afectar de forma relevante los costos y el flujo de caja.
Surge también una pregunta frecuente: ¿pueden los empleadores bajar salarios?
En general, no es posible reducirlos de manera unilateral. Solo en casos muy específicos —por ejemplo, cuando el contrato establece expresamente que el salario corresponde a un número de salarios mínimos— el valor podría ajustarse automáticamente si cambia la norma, y aun así cada situación requiere análisis cuidadoso.
Este contexto deja varias reflexiones para las empresas:
¿Se conoce realmente qué costos están indexados al salario mínimo?
¿Los contratos laborales están redactados de forma adecuada frente a cambios normativos?
¿Existen riesgos laborales o tributarios que no se han evaluado?
En momentos de incertidumbre regulatoria, anticiparse y revisar la estructura laboral y contractual suele marcar la diferencia.
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