La demanda de inconstitucionalidad impugnó varias disposiciones de las leyes 2277 de 2022 y 2010 de 2019 relacionadas con el impuesto sobre dividendos. El accionante argumentó que estas normas vulneraban los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria al regular el impuesto de manera confiscatoria. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que la demanda no cumplía con los requisitos necesarios para activar su función jurisdiccional.
La Corte destacó que el cargo de inconstitucionalidad carecía de certeza, especificidad y suficiencia. No se ofrecieron argumentos claros ni pruebas suficientes que demostraran cómo las normas cuestionadas violaban los principios constitucionales. Además, el demandante no explicó adecuadamente por qué las garantías incluidas en las reformas tributarias, como el aumento del tramo exento y el descuento para ingresos por dividendos, no eran adecuadas para evitar la supuesta confiscatoriedad del impuesto.
En resumen, la Corte concluyó que la demanda no proporcionó los elementos de juicio necesarios para sostener que las disposiciones impugnadas desconocían la capacidad económica de los contribuyentes de manera injusta o desproporcionada.
Ver Comunicado de prensa de la Corte constitucional de Mayo 22 de 2024
